Según la UNESCO, “...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.” (Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales; México, 1982). A lo largo de las últimas décadas, este concepto se ha fortalecido, reconociendo la cultura no sólo como factor trascendental en el bienestar de las personas sino también como uno de los pilares del desarrollo sostenible. 
En este contexto se desarrolló una amplia discusión en torno a la importancia de la diversidad cultural como valor en sí mismo y sobre las medidas necesarias para hacer valer el derecho de todas las personas y grupos sociales a expresar su cultura; mientras temas relacionados directamente con el arte han pasado a un segundo plano. Aunado a ello, es usual encontrar referencias a la necesidad de abandonar la presunta orientación histórica de políticas culturales

basadas en los conceptos de “bellas artes”, y de reorientarlas desde una premisa de los derechos culturales como derecho humano.
Aunque bien la visión de la cultura como derecho humano y el desarrollo del arte como ámbito de valor en sí mismo pudieran considerase como complementarios, en países con presupuesto limitado y con una importancia histórica del Estado en el fomento del sector artístico y cultural, esta reorientación implica una decisión entre prioridades que compiten, ya que el fortalecimiento de un sector a menudo implica restar recursos a otro.
En Costa Rica, este proceso se manifiesta en torno a la “Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023”. Esta política se generó a través de un amplio proceso de consulta con personas, gremios e instituciones relacionadas al ámbito cultural, y con el fin de desarrollar un marco orientador para las acciones del Estado en el ámbito cultural, más acorde a actuales conceptos culturales y la normativa internacional. Tal como indica el documento que se obtuvo de este proceso, el objetivo de esta política nacional es “Promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos culturales y la participación efectiva de las personas, grupos y comunidades en la vida cultural del país, para que puedan expresar libremente su diversidad cultural y potenciar la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, en los niveles local, regional y nacional, en el período 2014-2023.” (p.35 PNDC) Para ello se plantean una serie de ejes estratégicos, de los cuales ninguno incluye consideraciones específicas con relación al arte. De hecho, el arte como tal se menciona únicamente como parte de las economías creativas que se buscan estimular y en relación con la necesidad superar el histórico concepto de “bellas artes”. A ello se suma, que en uno de los ejes estratégicos de la política plantea la “modernización institucional del Sector Cultura, que viabilice la implementación de la Política Nacional de Derechos Culturales, para la promoción y protección de los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades en todo el país.”(p.59, PNDC), objetivo que ante la histórica estrechez presupuestaria del Ministerio de Cultura y Juventud podrá implicar decisiones dolorosas para sus entes dedicadas expresamente al fomento del arte. El actual Plan Nacional de Desarrollo permite visualizar lo que esta reorientación podría significar para ámbito artístico, al no hacer ninguna referencia específica al arte y al considerar la cultura como subsidiaria a diversas áreas estratégicas, sin visualizarla como prioritaria para ninguno en específico.
Desde el Programa iAT y la Escuela de Danza de la Universidad Nacional consideramos, que la construcción del Ideario Costa Rica Bicentenario es una oportunidad para problematizar las consecuencias que ha tenido la transformación del concepto de cultura para el ámbito artístico, discutir el posible impacto de este cambio a través de políticas públicas que afectan el quehacer artístico e incentivar un posible reposicionamiento del arte frente al actual concepto de cultura.